Sobre nosotros: Nuestro plan de trabajo...

Aquí podrás conocer más sobre nuestro plan de trabajo para el Ecuador desde el Ejecutivo, el Legislativo y para el Parlamento Andino 2025-2029

MANO DURA - POR LA SEGURIDAD Y PAZ

En el contexto actual, la seguridad en Ecuador se ha convertido en una prioridad nacional ineludible. Los ciudadanos demandan acciones decisivas e inmediatas que logren restaurar la paz y el orden en el país. Ante esta crisis, es imperativo adoptar un enfoque integral que combine el fortalecimiento institucional de los cuerpos de seguridad con estrategias de intervención a corto, mediano y largo plazo, basadas en un análisis exhaustivo de las necesidades presentes y futuras.

1. Fortalecimiento institucional y operativo de los cuerpos de seguridad

El primer paso hacia la restauración de la seguridad es robustecer a nuestras instituciones encargadas de la seguridad pública y la justicia. Esto requiere de procesos articulados que permitan tener una mejor gestión y fiscalización:

● Control y fiscalización de los recursos financieros y logísticos: Es esencial optimizar el presupuesto destinado a la seguridad mediante una reasignación eficiente y transparente de los fondos. Se debe dotar a las fuerzas de seguridad con equipamiento moderno, tecnología de vigilancia avanzada, vehículos especializados y sistemas de comunicación en tiempo real para una mayor capacidad operativa.

● Formación y capacitación continua: Los miembros de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia deben recibir capacitación especializada y constante en técnicas de control del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y delincuencia común. Esto debe incluir la adopción de las mejores prácticas internacionales en seguridad ciudadana y uso de la fuerza, respetando los derechos humanos.

● Reingeniería institucional: A nivel estructural, se requiere una revisión exhaustiva de los procedimientos y sistemas de gestión interna en las instituciones encargadas de la seguridad, incluyendo la policía, la Fiscalía, y los tribunales de justicia. El objetivo es agilizar la respuesta frente al crimen y aumentar la eficacia en la resolución de casos.

2. Cadena perpetua como herramienta legal para crímenes atroces

El segundo eje de acción es la implementación de reformas legislativas, a través de debates técnicos serios, orientadas a aumentar la severidad de las penas para los delitos más graves que generan conmoción social, tales como violaciones, homicidios, secuestros y crímenes relacionados con el narcotráfico. La instauración de la cadena perpetua para este tipo de crímenes debe ser una medida clave para garantizar una respuesta punitiva fuerte y disuasoria.

● Reforma del Código Penal: Se llevará a cabo una revisión integral del marco penal ecuatoriano, dentro del marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, con el fin de incorporar la cadena perpetua y asegurar que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito. Esto también debe incluir mecanismos para asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias y el debido proceso, minimizando el riesgo de impunidad.

● Por una verdadera justicia independiente: Junto con estas reformas, es fundamental fortalecer el control y fiscalización del sistema judicial con absoluta independencia de los diferentes sectores o actores políticos para evitar corrupción y asegurar que los procesos penales se lleven a cabo de manera célere y con estricto apego a lo establecido en la Ley. Necesitamos una mano dura con la Función Judicial para garantizar la transparencia y eficiencia que permita alcanzar una verdadera justicia y paz.

3. Fiscalización y transparencia en la asignación y ejecución de recursos

La seguridad ciudadana debe ser gestionada con la verdad. Por ello, se establecerá un mecanismo de auditoría exhaustiva y continua sobre el uso de los presupuestos asignados a las entidades de seguridad. Este sistema de fiscalización incluirá:

● Auditorías independientes y revisiones periódicas: Las auditorías a los presupuestos y a la ejecución de los programas de seguridad deberán ser realizadas por entes independientes, con revisiones trimestrales que evalúen el cumplimiento de los objetivos planteados. Los resultados de estas auditorías deberán ser públicos para garantizar la transparencia ante la ciudadanía.

● Rendición de cuentas: Los funcionarios encargados de liderar las políticas de seguridad deberán rendir cuentas regularmente ante la Asamblea Nacional, asegurando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y que las metas en seguridad se estén alcanzando.

4. Reformas legislativas y fortalecimiento del marco normativo

El marco legal actual requiere reformas que permitan a las instituciones de seguridad actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado y la delincuencia común. Algunas de las acciones necesarias son:

● Modificación/ Actualización de la normativa en materia de Seguridad Pública: Es crucial actualizar las leyes que regulan la seguridad interna para incluir mecanismos más ágiles que permitan a las fuerzas de seguridad responder inmediatamente a las amenazas emergentes. Esto incluye la modernización de las normas sobre inteligencia, intercepción de comunicaciones y control de fronteras.

● Fortalecimiento del régimen penitenciario: Las cárceles del país necesitan una reforma estructural que aborde la crisis de hacinamiento y garantice que se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación. A la par, se deben establecer medidas para prevenir el uso de los recintos penitenciarios como centros de operación de bandas criminales. Es totalmente infructuoso encarcelar a alguien si desde una celda puede seguir delinquiendo.

5. Coordinación interinstitucional y con los gobiernos locales

El desafío de la inseguridad no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno central, es necesario que todos los niveles de gobierno trabajen de manera conjunta y coordinada en la formulación e implementación de políticas de seguridad. La seguridad debe ser un eje transversal que integre:

● Acciones locales y nacionales: La seguridad en las ciudades y en las áreas rurales requiere soluciones específicas para sus realidades. Los legisladores deben colaborar estrechamente con las autoridades locales para implementar políticas de seguridad que respondan a las características particulares de cada provincia.

● Participación de la sociedad civil: Se debe fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de políticas de seguridad. Esto incluye la creación de espacios de diálogo entre la comunidad, los organismos de seguridad y los legisladores para identificar las principales amenazas y las soluciones más viables.

El Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que requiere un enfoque multidimensional y sostenido en el tiempo. Las reformas planteadas no solo buscan fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad, sino también consolidar un marco legal que permita actuar con contundencia frente a los delitos más graves. La claridad en la gestión de los recursos, la fiscalización permanente y la coordinación entre instituciones serán pilares fundamentales para crear oportunidades que beneficien a los ecuatorianos en cada rincón del país.

MANO JUSTA - COMPROMISO SOCIAL, ACCIÓN Y EJECUCIÓN

El progreso económico y social de Ecuador depende de la creación de oportunidades que promuevan un desarrollo equitativo, sostenible y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Para asegurar un futuro más prometedor para todos los ecuatorianos, es necesario que los esfuerzos gubernamentales, especialmente desde el ámbito legislativo, se orienten hacia un objetivo común: garantizar oportunidades con libertad individual, economía de mercado, e igualdad de derechos.

1. El papel del Poder Legislativo en la generación de oportunidades

El Poder Legislativo jugará un papel clave como catalizador del desarrollo económico y social del país. Nuestro compromiso es enfocar la labor legislativa y de fiscalización en generar un marco normativo que fomente el desarrollo inclusivo que implica:

● Revisión de políticas públicas anteriores: Realizaremos una auditoría exhaustiva de las políticas y programas implementados en los últimos gobiernos para identificar aquellos que han sido efectivos en la promoción del desarrollo económico y social. Esta evaluación permitirá fortalecer las iniciativas que han demostrado resultados positivos y eliminar o reestructure aquellas que han sido ineficaces o contraproducentes. Nos quedaremos con lo positivo y dejaremos de lado lo negativo.

● Promoción de una legislación inclusiva: Impulsaremos reformas legislativas que atiendan de manera transversal las necesidades de los sectores más vulnerables del Ecuador. Entre las áreas clave a tratar están el acceso a educación, salud, empleo, alimentación, vivienda, y servicios básicos, con especial atención en la equidad de género, la inclusión de pueblos y nacionalidades indígenas, y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su origen o situación socioeconómica.

2. Lucha contra la desnutrición crónica infantil y reformas a la soberanía alimentaria

Uno de los principales desafíos sociales de Ecuador es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que afecta gravemente las oportunidades de desarrollo de la sociedad a largo plazo. Como prioridad, trabajaremos en políticas integrales que combaten esta problemática, a través de una estrategia intersectorial que incluya pero no se limite a:

● Reforma Agropecuaria, Pesquera y de Soberanía Alimentaria: Se plantea una reforma profunda que garantice el acceso a alimentos saludables, nutritivos y asequibles para todos los ecuatorianos, en especial para las familias más vulnerables. Esta reforma deberá estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promoverá la protección de las economías familiares y campesinas, garantizando que los pequeños productores tengan acceso a mercados locales y nacionales con condiciones justas y sostenibles.

● Programas de prevención contra la desnutrición crónica infantil: Impulsaremos la creación de leyes sobre nutrición infantil en coordinación con los sectores de salud, educación y bienestar social, que aseguren un acceso adecuado a alimentos de calidad en los primeros años de vida. El enfoque será preventivo y buscará involucrar a la comunidad, las escuelas y los niveles de gobierno en su implementación.

3. Propuesta de Ley Orgánica de Adquisiciones Públicas para una gestión eficiente y sostenible

Uno de los retos más grandes en la gestión pública es garantizar que las compras y contrataciones del Estado se realicen de manera transparente y eficiente. Por ello, presentaremos una propuesta integral de Ley Orgánica de Adquisiciones Públicas que esté alineada con las mejores prácticas globales, basadas en los principios de una Compra Pública Estratégica y Sostenible. Esta ley estará orientada a:

● Transparencia e integridad: Se establecerán mecanismos claros y verificables para asegurar la transparencia en cada etapa del proceso de compra, desde la convocatoria hasta la adjudicación y la ejecución del contrato. Esto incluye la creación de plataformas digitales que permitan el monitoreo ciudadano y auditorías independientes para asegurar la integridad de los procesos.

● Eficiencia y calidad en los bienes y servicios públicos: La nueva ley garantizará que las adquisiciones públicas se realicen con criterios de eficiencia, asegurando que el Estado obtenga bienes y servicios de calidad, a precios competitivos y en tiempos oportunos. Además, se priorizará la adquisición de productos sostenibles, respetando estándares ambientales y de responsabilidad social.

● Fomento de la economía local: La ley incentivará la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales, fomentando el desarrollo de capacidades productivas en el país y asegurando que el gasto público se traduzca en beneficios directos para la economía nacional.

4. Fiscalización y transparencia en el desarrollo rural y la lucha contra el crimen organizado

Además de legislar, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de fiscalizar la correcta ejecución de los programas y políticas relacionadas con el desarrollo productivo, agropecuario y rural, así como en áreas críticas de seguridad y combate al crimen organizado.

● Fiscalización de los procesos de apoyo al agro: Evaluaremos los programas y proyectos destinados al desarrollo rural, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a los sectores productivos y campesinos, con un enfoque en mejorar la competitividad agrícola, asegurar el acceso a mercados y fortalecer las capacidades técnicas de los productores locales.

● Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: El narcotráfico y los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) representan una amenaza grave para la seguridad y el desarrollo del país. Desde el ámbito legislativo, nos comprometemos a fiscalizar de manera rigurosa los procesos de combate al narcotráfico, exigiendo transparencia en el uso de recursos y en las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad y justicia. Además, impulsaremos reformas legales que permitan una mayor efectividad en la persecución y desarticulación de estas estructuras criminales.

5. Coordinación interinstitucional y cooperación internacional

Finalmente, es esencial que el trabajo legislativo esté alineado con los esfuerzos de las demás funciones del Estado y se base en una colaboración efectiva entre actores locales, nacionales e internacionales. El desarrollo de Ecuador depende de un esfuerzo conjunto que asegure la coherencia entre las políticas económicas, sociales y de seguridad, y que potencie los recursos y capacidades del país para enfrentar los desafíos actuales.

Además, la cooperación internacional será clave para mejorar nuestras capacidades en áreas como el desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el combate al narcotráfico. Buscaremos alianzas estratégicas, dentro del marco de nuestras competencias, con organismos internacionales y gobiernos aliados para atraer financiamiento, tecnología y conocimiento.

Nuestro compromiso es impulsar una agenda legislativa y de fiscalización que garantice oportunidades equitativas, combata las desigualdades y asegure un futuro de crecimiento sostenible y seguro para todos los ecuatorianos.

MANO INTELIGENTE - CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, ORDEN Y TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

El rol de la Asamblea Nacional en Ecuador debe estar claramente enfocado en su capacidad operativa para responder de manera eficiente y comprometida a las necesidades del país. En un contexto en el que las demandas ciudadanas exigen acciones claras y efectivas, la Asamblea no puede permitirse ser vista como una institución ineficiente o que retrase el progreso nacional. Para superar esta percepción, es fundamental adoptar una serie de reformas que optimicen tanto su operatividad interna como su capacidad legislativa.

1. Depuración legislativa y optimización de procesos

Uno de los principales obstáculos para el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional es la sobrecarga legislativa y administrativa acumulada a lo largo de los años. Para liberar a la institución de este lastre, proponemos la implementación de mecanismos de depuración legislativa que permitan reorganizar y simplificar los trámites, asegurando que las leyes y propuestas legislativas de mayor relevancia avancen sin dilaciones.

● Evaluación y categorización de proyectos pendientes: Se llevará a cabo un proceso exhaustivo de revisión de la carga legislativa actual, clasificando los proyectos según su urgencia, relevancia y viabilidad. Los proyectos que hayan quedado obsoletos, sean inviables, o que no respondan a las necesidades actuales del país deberán ser descartados o reformulados.

● Implementación de una minería legislativa eficiente: Para optimizar el proceso de creación y revisión de leyes, se adoptarán herramientas tecnológicas que faciliten la minería legislativa, permitiendo una búsqueda y análisis más rápido y preciso de las normativas y propuestas existentes. Esto no solo mejorará la eficiencia en el tratamiento de los proyectos, sino que también permitirá una toma de decisiones más informada por parte de los legisladores.

2. Reforma integral a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

El incremento de 137 a 151 legisladores requiere una adaptación estructural que garantice su operatividad y evite el riesgo de ineficiencia y paralización, debido a un mayor número de integrantes. Para lograrlo, es necesario llevar a cabo una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enfocada en:

● Redefinición de las funciones y estructura de las comisiones: Con más legisladores, será crucial optimizar el funcionamiento de las Comisiones Especializadas, asegurando que cada una tenga un mandato claro y específico. La asignación de proyectos debe ser más eficiente, evitando la duplicidad de esfuerzos y promoviendo una mayor coordinación entre comisiones.

● Fortalecimiento del Pleno y de los procesos de votación: Con un mayor número de legisladores, los procedimientos de votación y debate en el Pleno deberán ser revisados para garantizar que los procesos legislativos no se vean afectados por el aumento en la cantidad de actores. Se implementarán sistemas más ágiles para la discusión y aprobación de leyes, basados en mejores prácticas internacionales.

3. Promoción del diálogo, consenso y unidad

Una Asamblea Nacional que funcione de manera eficiente solo será posible si los legisladores priorizan el diálogo, el consenso y la unidad. Esto implica:

● Mecanismos de negociación interbloques: Fomentar el trabajo colaborativo entre las distintas bancadas o bloques políticos es esencial para que la Asamblea Nacional avance en temas críticos para el país. Se establecerán mecanismos formales para la negociación que permitan llegar a consensos sin dilatar los procesos legislativos.

● Incentivar la participación ciudadana: La Asamblea Nacional debe abrir canales de participación que involucren a la ciudadanía en el proceso legislativo. Esto incluye la promoción de audiencias públicas y foros para garantizar que las leyes respondan verdaderamente a las necesidades de los ecuatorianos.

4. Gestión ambiental sostenible e innovadora

La promoción de un modelo de desarrollo económico dinámico no puede ser concebida sin un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental. La Asamblea Nacional debe liderar la implementación de políticas que equilibren la protección de los recursos naturales con el progreso económico del país.

● Legislación para una gestión ambiental sostenible: Desarrollaremos e impulsaremos leyes orientadas a proteger la biodiversidad y los recursos naturales, sin frenar el crecimiento económico. Esto incluirá la promoción de incentivos para la adopción de tecnologías limpias, el apoyo a proyectos de economía circular, y la regulación de actividades extractivas bajo criterios estrictos de sostenibilidad.

● Innovación en políticas ambientales: Es esencial adoptar enfoques innovadores que permitan una gestión responsable de los recursos, promoviendo prácticas agroecológicas, energías renovables y una economía verde. Esto garantizará que el Ecuador siga un camino de desarrollo sostenible, protegiendo su patrimonio natural para las futuras generaciones.

5. Reformas clave para el impulso del sector productivo y la generación de empleo

El crecimiento económico y la creación de empleo son pilares fundamentales para el desarrollo del país. Desde la Asamblea Nacional, impulsaremos las siguientes reformas para promover un entorno propicio para la inversión y el empleo:

● Revisión de la Ley de Alianzas Público - Privadas (APP): Se requiere una actualización de la legislación vigente para fomentar las inversiones estratégicas que impulsen sectores clave de la economía. Esta reforma se centrará en garantizar condiciones más atractivas para la inversión privada en proyectos de infraestructura, energía y servicios, promoviendo así la generación de empleo y el crecimiento económico.

● Revisión al régimen tributario: Una reforma estructural será esencial para hacer que el sistema impositivo sea más equitativo, eficiente y promueva la inversión productiva. Buscaremos simplificar los procedimientos tributarios y otorgar incentivos fiscales a sectores claves para el desarrollo tecnológico de la agricultura sostenible y las industrias de valor agregado.

● Revisión del Código Orgánico Monetario y Financiero y de Planificación y Finanzas Públicas: Esta reforma garantizará un marco normativo que permita estabilidad macroeconómica, de la mano con la renovación de los modelos de planificación nacional que contengan procesos óptimos de organización a corto, mediano y largo plazo que permitan realizar un mejor diseño y ejecución de las políticas públicas nacionales.

La Asamblea Nacional tiene un papel crucial en el futuro del Ecuador, y su transformación es esencial para responder a los desafíos actuales del país. Con una agenda clara de depuración legislativa, reformas estructurales y un enfoque en el diálogo y sostenibilidad, esta institución puede ser el principal eje articulador del progreso y promoción de políticas que garanticen el desarrollo económico y social que asegure un futuro más justo y próspero para todos los ecuatorianos.